Chihuahua: una madre asesinada, revictimizada por una funcionaria
La indignación recorre Chihuahua tras las declaraciones de Ruth Sánchez Hernández, integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia, quien ha revictimizado a Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo, víctima de feminicidio en 2008. Sus palabras, lejos de ofrecer consuelo, han reabierto viejas heridas y encendido las alarmas sobre la impunidad y la persistencia de la misoginia en la justicia chihuahuense.
La polémica declaración: ¿culpa de la víctima?
Sánchez Hernández, vinculada al Partido Acción Nacional (PAN), arremetió contra la memoria de Marisela Escobedo, cuestionando la placa conmemorativa frente al Palacio de Gobierno y, de manera escalofriante, sugiriendo que la madre buscadora de justicia era responsable de la muerte de su hija. “Me revienta ver la placa enfrente del gobierno… cuando ella misma permitió que su hija menor de edad viviera con su propio agresor”, lanzó, desatando una ola de críticas.
La integrante del consejo también criticó las marchas de Escobedo, incluso llegando a sugerir que la protesta de la madre, una caminata de Ciudad Juárez a Chihuahua, era una vergüenza. Su discurso, cargado de juicios de valor sobre cómo “deberían comportarse” las mujeres, evoca los estereotipos más peligrosos sobre las víctimas de violencia de género.
Cedehm: discriminación y violencia institucionalizada
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) ha condenado con vehemencia las declaraciones de Sánchez Hernández, calificándolas como actos de discriminación y violencia. “Las expresiones constituyen actos de discriminación y violencia, subrayando que la culpa de un feminicidio siempre será del agresor y del Estado”, sentenció la organización. Lo que comenzó como una declaración aislada se ha convertido en un espejo de la impunidad y la falta de sensibilidad hacia las víctimas.
La persistencia de Sánchez Hernández en sus afirmaciones, incluso agravándolas en una segunda declaración, ha exacerbado la situación. Ahora, atribuye a Marisela Escobedo la posible comisión de un delito —la omisión de cuidados—, una acusación insólita y profundamente injusta.
Protección a la familia escobedo: una demanda urgente
Ante esta escalada de hostilidad, CEDEHM ha solicitado a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua medidas de protección para la familia Escobedo, argumentando que las declaraciones de Sánchez Hernández los están revictimizando y exponiendo a un peligro real. La organización también exige el cese de emisión de los programas que sirven como plataforma para estas expresiones de odio.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respalda esta solicitud, y CEDEHM se compromete a dar seguimiento a la actuación de las autoridades. El caso de Marisela Escobedo, que ya lamentablemente se saldó con su asesinato en 2010, se ha convertido ahora en un símbolo de la lucha contra la revictimización y la impunidad en Chihuahua. La indiferencia de la funcionaria y la posible connivencia con sectores políticos dificultan aún más la búsqueda de justicia para Rubí Marisol y para todas las mujeres víctimas de feminicidio en la región.
El fallo recurrente de los jueces al liberar al asesino de Rubí, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, refleja una cultura de impunidad que Sánchez Hernández, con sus palabras, parece perpetuar. La justicia, en este caso, parece estar coja, y la voz de Marisela Escobedo, silenciada una vez más, clama por un Estado que realmente proteja a sus ciudadanos y castigue a los culpables.