Fiscal rechaza freno a licitación de hidrovía: ¿nueva demora?
La ambiciosa licitación para la Hidrovía Paraguay-Paraná se encuentra, una vez más, en el ojo del huracán. El fiscal Guillermo Marijuan ha desestimado una cautelar presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que buscaba suspender el proceso, complicando aún más los planes de modernización de esta crucial vía fluvial.
Un informe extraviado y un debate mediático
La solicitud de la Asociación Civil se basaba en un informe elaborado por una unidad especial del Ministerio Público Fiscal, que, irónicamente, no había sido incorporado al sistema judicial. Este detalle, que Marijuan no tardó en señalar, generó un revuelo mediático considerable, alimentado, según su criterio, por una “inusitada difusión” de un documento aún no oficializado. La situación se vuelve aún más compleja ante la inminente apertura de sobres, prevista para este martes, un momento crucial en el proceso de selección.
Pero hay un detalle que no escapa al análisis: la propia Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había planteado observaciones al proceso licitatorio, aunque, según el dictamen del fiscal, se refieren a un concurso diferente. Sergio Rodríguez, titular de la PIA, aunque crítico con la convocatoria, nunca solicitó una medida cautelar. La complejidad del entramado burocrático es palpable.
El núcleo del problema reside en la investigación que Marijuan lleva a cabo sobre una posible deuda contraída por la Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A., y en la sospecha de una defraudación en la gestión de la Vía Navegable Troncal de 2023. El fiscal recibió un informe de la PIA relacionado con otra licitación (la Nro. 1/2025), lo que subraya el caos documental que parece envolver el caso.
Marijuan, visiblemente molesto por la cobertura mediática del informe de la PIA, enfatizó que “no es en este expediente donde corresponde tratarse la medida que peticiona la Asociación Civil”. La insistencia en la necesidad de cumplir con los presupuestos esenciales para otorgar una medida cautelar –verosimilitud del derecho y peligro en la demora– revela una cautela justificada, considerando que no se advierten “con la intensidad requerida” los elementos que la justifiquen.
La incertidumbre se agrava con la existencia de una acción de amparo ambiental colectivo en trámite en Santa Fe, que busca una evaluación de impacto ambiental sobre la cuenca del Río Paraná, y la pendiente resolución de la suspensión preventiva del Decreto PEN 709/24, relativo a la delegación para el llamado a licitación. La Hidrovía Paraguay-Paraná parece condenada a una larga batalla legal.
La apertura de sobres esta semana no solo marcará un hito en el proceso de licitación, sino que también arrojará luz sobre la capacidad del Estado para avanzar en un proyecto de vital importancia para la región. Lo que está claro es que la modernización de la Hidrovía, lejos de ser un camino despejado, se enfrenta a un laberinto legal que amenaza con retrasar indefinidamente su ejecución, con un costo potencial de millones de dólares y un impacto negativo en el comercio fluvial.