Nicaragua: ortega afianza el poder con reformas y descalificaciones

Managua se encuentra en el epicentro de una reestructuración del sistema político nicaragüense, impulsada por un gobierno que, según sus propias palabras, busca garantizar la “continuidad” y la “estabilidad”. La reciente confirmación de Rosario Murillo, la esposa y mano derecha del presidente Daniel Ortega, sobre la convocatoria a sesiones especiales en el Parlamento para aprobar reformas legales, ha encendido las alarmas sobre el futuro de la democracia en el país.

El parlamento al servicio del poder

El anuncio de Murillo revela un plan para modificar el sistema electoral y las instituciones del Estado, todo ello bajo la premisa de cumplir “mandatos” que, según ella, datan de 1979. Los detalles son escasos, pero la intención es clara: consolidar el control del régimen sobre el poder, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso o disidencia. La falta de plazos y la ausencia de información sobre qué organismos participarán en estas sesiones, acrecientan la opacidad del proceso.

Juan Diego Barberena, abogado constitucionalista, no se muestra sorprendido por esta iniciativa. “El régimen busca eliminar cualquier espacio de disputa que ponga en riesgo su poder”, afirma Barberena, quien advierte que esta postura refleja un miedo palpable y una obsesión por asegurar la sucesión, incluso a través de un sistema que se asemeja a una monarquía. La revisión integral del sistema electoral, incluyendo las elecciones a todos los niveles, podría conducir al país hacia un modelo similar al cubano, aunque con un matiz presidencialista.

Murillo: opositores “ya no son nicaragüenses”

Murillo: opositores “ya no son nicaragüenses”

Pero la reestructuración institucional no es lo único que preocupa. En un discurso marcadamente beligerante, Murillo descalificó a los opositores y exiliados, tachándolos de “personas que alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”. Esta declaración, difundida por los medios estatales, refleja una estrategia de deslegitimación de la disidencia y un intento de silenciar las voces críticas.

En un giro retórico que recuerda a la política sandinista de antaño, Murillo utilizó la frase “los perros ladran, es porque caminamos” para minimizar las críticas y reafirmar la determinación del gobierno de seguir adelante con su “hoja de ruta”. La narrativa oficial pinta un panorama de “grandes tiempos y tiempos de victoria”, ignorando la realidad de un país cada vez más polarizado y con una creciente restricción de las libertades civiles.

La decisión de reestructurar el Estado y el sistema electoral se justifica, según el gobierno, en la necesidad de responder a las “urgencias materiales, culturales y espirituales” de la población, así como de preservar la paz y la seguridad. Sin embargo, la falta de transparencia y la descalificación de la oposición sugieren que el verdadero objetivo es perpetuar el poder del régimen de Ortega a toda costa. El futuro de Nicaragua pende de un hilo, mientras la sombra de la autoritarismo se alarga sobre el país.

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