Ortega elimina las elecciones: república dominicana denuncia un golpe a la democracia
La sombra de la autocracia se extiende sobre Nicaragua. Daniel Ortega, presidente nicaragüense, ha anunciado de forma contundente la supresión de las elecciones, una medida que ha generado una ola de condenas internacionales, comenzando por República Dominicana. La afirmación, despectiva, de que “no volverán a haber elecciones” en el país, ha encendido las alarmas sobre el futuro de la democracia en la región.
La reacción de santo domingo: un llamado a la carta democrática interamericana
El gobierno dominicano no tardó en responder. A través de un comunicado oficial, la Cancillería rechazó con vehemencia la decisión de Ortega, calificándola como un “desconocimiento de los principios de la democracia representativa” y del derecho fundamental del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes. La referencia a la Carta Democrática Interamericana – artículo 1, para ser precisos – subraya el compromiso de Santo Domingo con la promoción y defensa de la democracia en América Latina. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, enfatizó el comunicado.
El planteamiento dominicano va más allá de una simple crítica. Se exige a las autoridades nicaragüenses una rectificación inmediata de su postura, garantizando los derechos políticos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, incluyendo, por supuesto, el derecho a participar en elecciones auténticas, basadas en el sufragio universal y secreto, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos. Un llamado a la normalidad democrática que resuena con fuerza en un contexto regional convulso.
Costa rica se suma a la condena: preocupación por la represión
La condena de República Dominicana no ha sido la única. Costa Rica también ha expresado su preocupación y rechazo ante la decisión de Ortega. A través de un comunicado, San José reiteró su apoyo a “unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales” en Nicaragua, al tiempo que denunció el “cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”. Un eco de la realidad que vive Nicaragua, donde la oposición ha sido silenciada y los derechos civiles restringidos.
El gobierno de Costa Rica, recordemos, ya había expresado su desacuerdo con el proceso electoral de 2021, considerándolo carente de las condiciones y garantías necesarias para que se calificara como libre y democrático. La postura costarricense, firme y constante, refleja una profunda inquietud por el rumbo que está tomando Nicaragua.
La respuesta de managua: soberanía por encima de todo
La reacción de Managua no se hizo esperar. En un escrito oficial titulado “Soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes”, el régimen nicaragüense rechazó las críticas de la Cancillería costarricense, invocando el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Un argumento recurrente en regímenes autoritarios para justificar la represión y el desprecio por las normas internacionales.
La cita final, irónica y a la vez reveladora, “El respeto al derecho ajeno es la paz”, deja claro el desprecio de Ortega por las preocupaciones de la comunidad internacional y su determinación de perpetuarse en el poder a cualquier costo. El anuncio, hecho durante una concentración por el aniversario de la revolución sandinista, revela las verdaderas intenciones del régimen: evitar a toda costa que la oposición acceda al poder político, alegando que busca “lucrarse de las políticas sociales de la nación”. Una excusa burda para justificar una decisión que socava los cimientos de la democracia nicaragüense.