Ortega y murillo confiscan hogares y fortunas: el nuevo negocio del régimen
La casa de Oswaldo Rivas, un fotoperiodista nicaragüense exiliado, apareció a la venta en línea por 255.000 dólares. Un relato que, lejos de ser una anécdota, revela una sistemática confiscación de bienes orquestada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una estrategia que ha convertido al Estado nicaragüense en el principal depredador de la propiedad privada.
Un arsenal legal para golpear a la oposición
La brutal represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos y miles de detenidos, fue solo el comienzo. Ortega y Murillo construyeron un entramado legal para asfixiar económicamente a sus opositores. A pesar de que la Constitución de Nicaragua prohíbe expresamente la confiscación de bienes, el régimen la eliminó, reformando el artículo 20 para despojar de su nacionalidad y bienes a aquellos declarados “traidores a la patria”. Un cambio constitucional que ha desatado una ola de despojos sin precedentes.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) ha documentado la confiscación consumada de 135 propiedades, con un valor total estimado en 250 millones de dólares. Una cifra que, según los investigadores, es solo la punta del iceberg, debido al secretismo del gobierno y el temor que paraliza a las víctimas.
Despojos masivos: el costo de la disidencia
El alcance de esta maquinaria represiva es alarmante. Tras el exilio de 317 nicaragüenses declarados “traidores a la patria”, sus bienes, incluyendo pensiones y saldos bancarios, fueron confiscados. El caso del Condominio Amazonia en Managua, donde vivían la periodista Sofía Montenegro y la feminista Azahalea Solís, es paradigmático: el régimen no solo despojó a las dos mujeres de sus apartamentos, sino que extendió la medida a todos los inquilinos, obligándolos a pagar un canon exorbitante al Estado.
La represión no se limita a individuos. ONG, la Iglesia Católica y los medios de comunicación también han sido blanco de esta política de confiscación. El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, vio cómo sus instalaciones eran ocupadas por la policía en agosto de 2021, con pérdidas que superan los 20 millones de dólares, agravadas por los embargos aduaneros sobre papel y tinta.
El estado ladrón: la nueva estrategia del régimen
El régimen ha creado el Comité de Bienes del Estado para administrar y rematar los activos confiscados, utilizando términos como “chatarra vehicular” para desvalorizar propiedades de alto valor y facilitar su venta a precios ínfimos entre allegados al partido de gobierno. Además, ha aprobado reformas legales que permiten la inmovilización de cuentas bancarias sin autorización judicial previa, profundizando la lógica del “derecho penal del enemigo”, según advierten los abogados constitucionalistas.
Como señaló Carlos Lemos Simmonds en 1993, el Estado ha pasado de ser un garante de la propiedad a una estructura que se la apropia. Quien se atreva a adquirir una propiedad confiscada, lo hace bajo su propio riesgo, pues la restitución de estos bienes es una posibilidad real cuando cambie el panorama político en Nicaragua. El caso de Oswaldo Rivas es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la recuperación de la propiedad privada está lejos de terminar.