Financiamiento a vicentin: díaz se defiende ante la justicia
La investigación sobre el polémico financiamiento del Banco Nación a la empresa Vicentin por 300 millones de dólares ha escalado, con la declaración indagatoria del actual Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz. El funcionario, quien ocupaba el cargo de síndico del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, se defendió alegando que su rol se limitó al control de legalidad y análisis de la información contable, desvinculándose de las decisiones operativas.
Un cliente 'estratégico' con deudas millonarias
Díaz argumentó que Vicentin era un cliente “clave” para la entidad, con una relación que se extendía por décadas. En su testimonio, de casi tres horas, enfatizó que los informes que revisó solo mencionaban “situaciones exógenas” que afectaban al cliente, como transferencias al Tesoro Nacional y fluctuaciones cambiarias. Sin embargo, la fiscalía investiga si existió una maniobra para evitar el cobro de una deuda millonaria, y si los préstamos otorgados en 2019 y 2020 estuvieron sujetos a irregularidades.
El síndico y sus limitaciones: ¿control o participación?
El funcionario insistió en que su función era meramente de control, sin facultades para influir en las decisiones comerciales del banco. Aseguró que se basó en informes de áreas técnicas que no le alertaron sobre el riesgo de default, sino que, por el contrario, reflejaban la solvencia de Vicentin. “No encontré motivo para oponerme a la toma de conocimiento de esta refinanciación,” afirmó Díaz, defendiendo así su actuación.
Pero hay un detalle crucial: la imputación de Díaz en la causa se produjo recién en septiembre del año pasado, después de que ya asumiera su cargo como Síndico General de la Nación. Un hecho que, según sus palabras, dificulta comprender las acusaciones que se le imputan.
Embargos y imputados: una red compleja
La investigación ha derivado en medidas drásticas, como embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes sobre ex directivos del Banco Nación y responsables del grupo empresario Vicentin. Un total de 18 ex funcionarios y empresarios han sido alcanzados por estas medidas, incluyendo al ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y al vicepresidente Lucas Llach. La suma en cuestión, cercana a los 304 millones de dólares, hasta ahora permanece sin cobro.
Un período bajo la lupa: agosto-diciembre de 2019
La Justicia ha puesto especial atención en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2019, los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. Se sospecha que durante esos meses, funcionarios del Banco Nación y empresarios de Vicentin habrían generado una defraudación a la entidad pública. La fiscalía investiga si se omitieron intimar a las empresas por deudas vencidas originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.
El caso, sin duda, pone en entredicho los mecanismos de control interno del Banco Nación y plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad de sus directivos en la gestión de riesgos. La declaración de Díaz, aunque busca delimitar su rol, no exime a la entidad de una profunda revisión de sus procesos y políticas crediticias. La cifra habla por sí sola: 304 millones de dólares aún sin recuperar, un duro golpe para las arcas públicas que exige respuestas contundentes.