Sarabia: presidencia niega responsabilidad en escuchas y fiscalía cambia al fiscal a cargo

El gobierno se distancia de las denuncias

La administración nacional ha comunicado al juez encargado del caso que desconoce por completo las presuntas escuchas ilegales denunciadas por las excolaboradoras de Laura Sarabia, la embajadora en el Reino Unido. La Presidencia argumenta que los hechos pertenecen al ámbito privado de Sarabia y son ajenos a las competencias de la entidad gubernamental. Esta respuesta busca desligar a la Presidencia de cualquier responsabilidad en las acusaciones formuladas.

Demandas por interceptaciones, amenazas y seguimientos

Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas domésticas de Sarabia, han demandado a la Presidencia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La demanda alega interceptaciones telefónicas, amenazas y seguimientos por parte de agentes de seguridad presidencial durante su trabajo en la residencia de Sarabia. Buscan una reparación por los daños y perjuicios sufridos.

La postura oficial: asuntos personales y ajenos a la institución

En una respuesta formal al juez, la Presidencia enfatizó que “desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda” y que estos son “enteramente ajenos a su competencia funcional”. Se argumenta que las acciones atribuidas a los agentes de seguridad presidencial se refieren a “asuntos personales” de Sarabia, como la contratación de servicios domésticos, y no son responsabilidad de la institución. La Presidencia busca delimitar claramente su esfera de actuación.

Falta de pruebas y condenas previas

A pesar de las condenas judiciales contra algunos policías de la seguridad presidencial, la Presidencia afirma no tener pruebas que vinculen a Meza y Perea con esas acciones. Se insiste en que los hechos se circunscriben al ámbito privado de la embajadora Sarabia, reforzando la defensa de la institución.

La fiscalía también se desvincula

En una línea similar a la de la Presidencia, la Fiscalía General de la Nación también ha respondido negando cualquier implicación institucional en los hechos denunciados. La Fiscalía considera que los hechos no configuran un “daño antijurídico”, lo que dificulta aún más el avance de la investigación desde la perspectiva de las demandantes.

Cambio de fiscal en la investigación contra sarabia

En un giro inesperado, la Fiscalía General de la Nación apartó al fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación contra Laura Sarabia por el caso de la presunta prueba de polígrafo ilegal. Esta decisión se debe a un conflicto de intereses, ya que Arias Duque mantiene una amistad de más de 25 años con el abogado defensor de Sarabia, José Fernando Reyes Cuartas. Este cambio podría retrasar el avance de la investigación.

Implicaciones y preocupaciones

Estas respuestas de las instituciones han generado preocupación entre las víctimas, quienes cuestionan el reconocimiento estatal ante las posibles arbitrariedades cometidas. La insistencia en que los hechos son de carácter privado plantea interrogantes sobre los límites de la protección de los derechos en el entorno gubernamental. El caso sigue generando debate público y escrutinio político.