Uspec defiende gestión del fondo de salud para privados de la libertad

Respuesta de uspec ante alertas sobre salud penitenciaria

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ha emitido un comunicado oficial respondiendo a las recientes advertencias sobre posibles riesgos en la atención en salud de la población privada de la libertad. Estas alertas provienen de la Defensoría del Pueblo y una denuncia del Ministerio de Salud y Protección Social ante los organismos de control. La entidad insiste en que su actuación se ha realizado dentro de sus competencias legales y funciones de supervisión.

Presupuesto y desafíos en la planificación

La Uspec explica que la planeación anual del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad (PPL) se basa en criterios históricos y técnicos. Reconoce que la socialización del presupuesto ante el Consejo Directivo se retrasó debido a cambios en las carteras de Justicia y Salud, pero asegura que el presupuesto para 2026 sí fue presentado en diversas sesiones. La entidad busca garantizar la continuidad del servicio, incluso en ausencia de apropiaciones previas, defendiendo el derecho fundamental a la salud.

Pasivos, auditoría y déficit estructural

Respecto a los pasivos acumulados y la deuda con la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), la Uspec argumenta que la prestación del servicio de salud es un mandato legal. La auditoría de cuentas médicas cuenta con certificación, y los soportes han sido presentados al Consejo Directivo. El déficit reportado, según la Uspec, es un déficit estructural que se remonta a 2020, producto de la falta de asignación completa de recursos por parte del Gobierno nacional.

Afiliación al sistema de salud y competencias legales

La Uspec aclara que no tiene competencia legal para determinar la afiliación o desafiliación al régimen subsidiado de salud. Esta función, según la Ley 1122 de 2007, corresponde a las entidades territoriales y a los organismos rectores del sistema de salud. Enfatiza que su rol se limita a la gestión del Fondo Nacional de Salud para la población reclusa.

Contratos y liquidación técnica

En relación con el Contrato 145 de 2019, la Uspec niega un detrimento patrimonial de $81.000 millones, explicando que la Fiduprevisora, como agente liquidador, determinó que esos recursos no fueron requeridos. También destaca que las dificultades en la liquidación técnica se deben a los plazos legales de facturación de las instituciones prestadoras de salud. En cuanto al Contrato 059 de 2023, asegura estar dentro de los plazos legales para su liquidación.

Sentencia de la corte constitucional y modelo de salud

La Uspec responde a la Sentencia T-494 de 2023 de la Corte Constitucional, indicando que el informe de consultoría contratado (no por la entidad) recoge hallazgos de organismos de control que atribuyen la problemática a factores estructurales y financieros externos. La directriz sobre la viabilidad de contratar a la Nueva EPS como operador único se limitó a estudios técnicos, jurídicos y logísticos, los cuales aún están en ejecución.

Disposición de apoyo al gobierno

Finalmente, la Uspec manifiesta su disposición a brindar apoyo técnico al Gobierno para optimizar el modelo de salud penitenciario, buscando mejorar la atención y garantizar los derechos de la población privada de la libertad, en un contexto donde la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre riesgos y el Ministerio de Salud ha presentado una denuncia ante la Fiscalía.

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